Hace una semana se hizo pública la denuncia de dos mujeres en contra de Julio Iglesias por violencia sexual. A partir de una recopilación de testimonios difundidos por Univision y elDiario.es, se expuso una dinámica en la que el cantautor, presuntamente, agredió a dos de sus ex empleadas en repetidas ocasiones y de distintas formas, tanto verbal como físicamente.
Ante ello, Iglesias contrató al despacho del exmagistrado José Antonio Choclán, quien ha sido abogado penalista de personalidades como Cristiano Ronaldo y la empresaria Corinna Larsen, según informó Europa Press. Esta semana se conoció que el abogado solicitó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que se archive la investigación, argumentando la “ausencia de jurisdicción de los tribunales españoles” para conocer los hechos ocurridos en las islas del Caribe.
En un escrito, Choclán pidió al Ministerio Fiscal que se reconozca su personación legal en el proceso de investigación y, al mismo tiempo, que se descarte el caso por “la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos”. Además, la representación del cantautor insta a la misma entidad a que se detenga la “campaña mediática que se ha puesto en marcha con grave daño reputacional” en su contra.
En el mismo documento se menciona que, “al margen de su condición de nacional español”, Iglesias “no se encuentra en territorio español, sino que tiene su residencia habitual en el lugar de los hechos” —el Caribe—. Asimismo, se señala que las presuntas víctimas no tienen nacionalidad española ni son residentes del país, y se agrega que “tampoco son menores de edad”. El abogado sostiene que la denuncia debió presentarse en el “lugar de comisión de los hechos” y que “el primer acto procesal” no puede realizarse en la jurisdicción que “les resulte más convincente”.
En caso de que la Fiscalía decida tomar las declaraciones de las denunciantes como testigos protegidos, Choclán solicita intervenir en las diligencias para, según expone, demostrar la “falsedad de las imputaciones y defender el honor” de su cliente. A ello se añade: “sin perjuicio de las demás acciones que le asistan en la tutela de sus derechos fundamentales frente al ejercicio abusivo de acciones penales y agresivas campañas mediáticas que le conducen a una irremediable pena natural, al margen del proceso”.
Declaraciones públicas
Previamente, el cantante español compartió un breve comunicado a través de su cuenta en Instagram. “Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, se lee en la publicación.
“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”, continúa.“No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, firma el artista.
La agencia EFE informó que, en una rueda de prensa, el equipo legal de Women’s Link Worldwide —ONG que representa a la víctimas— anunció que el Ministerio Público tomará las declaraciones de las denunciantes. Giovana Ríos, directora ejecutiva de la organización, informó que existen más mujeres que trabajaron para el artista y que se han puesto en contacto con ellas, aunque no ofreció mayores detalles al respecto.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional España se han sumado en apoyo de las víctimas. Ana Rebollar, directora adjunta de la misma organización declaro que: “La violencia ejercida por empleadores contra trabajadoras remuneradas del hogar es una grave violación de derechos humanos. La falta de protección efectiva coloca a estas mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad que los Estados no pueden seguir ignorando”.
La investigación con los testimonios de las denunciantes se hizo pública días después de que la acción legal fuese interpuesta por Women’s Link Worldwide ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España. De acuerdo con la información divulgada, Iglesias habría incurrido en varios delitos como “imposición de trabajo o servicios forzados y servidumbre con agravantes de grupo criminal y de peligro para la integridad de las denunciantes”. Adicionalmente, podrían imputársele delitos contra los derechos laborales, entre ellos la ausencia de un contrato formal, la imposición de condiciones irregulares de trabajo y la falta de periodos de descanso.
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