El fuego no da respiro. Y en el que acaso sea el momento más crítico desde que empezaron los incendios (y el combate a las llamas), hace casi un mes, el Gobierno Nacional declaró y oficializó el estado de Emergencia Ígnea por el plazo de un año para las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. El anuncio se realizó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia.La medida, que fue confirmada por el portavoz presidencial y publicada en la madrugada, busca agilizar la liberación de fondos y el movimiento de recursos sin las trabas administrativas del Congreso, ante un escenario que los expertos califican como “ecocidio”.
Se estima que son más de 230.000 hectáreas las que el fuego lleva devorado en toda la región. El foco más complejo se concentra en la provincia de Neuquén, con aproximadamente 168.000 hectáreas afectadas, seguida de cerca por Chubut, donde el incendio en la zona de Puerto Patriada y el Parque Nacional Los Alerces ya superó las 45.000 hectáreas.
Las condiciones meteorológicas son el principal enemigo de estos incendios que muchos sostienen que son intencionales y tienen, como telón de fondo, negocios inmobiliarios en la región: una sequía extrema, temperaturas que superan los promedios históricos y ráfagas de viento intensas que reactivan focos que se creían contenidos. Aunque en las últimas horas una tenue llovizna llevó esperanza a Esquel y cercanías, la magnitud de los frentes activos hace que cualquier alivio sea, por ahora, insuficiente.
Tras una fuerte presión de los gobernadores patagónicos —quienes se reunieron de urgencia esta semana—, el Ejecutivo Nacional activó un paquete de ayuda financiera. Se dispuso la transferencia de $100.000 millones destinados a las asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país, con prioridad en las zonas de emergencia. De forma específica, se enviaron $4.000 millones a Chubut para la operatividad inmediata.
Sin embargo los reclamos se acumulan. Las críticas al gobierno de Javier Milei no solo provienen de la oposición legislativa, sino de los propios gobernadores aliados y de organizaciones ambientales. Greenpeace y el CEPA (Centro de Economía Política Argentina), por ejemplo, denuncian que el presupuesto para 2026 contempla un recorte real cercano al 71% en comparación con años anteriores. Se critica la “subejecución” de partidas durante 2024 y 2025, lo que habría dejado al sistema sin la capacidad operativa necesaria para actuar en la fase de prevención antes de que los incendios se volvieran incontrolables.
Buena parte de la población sostiene que el DNU firmado hoy fue una respuesta reactiva y no una decisión planificada. Los mandatarios de Chubut, Río Negro y Neuquén habían exigido formalmente la declaración de desastre días atrás, enfrentándose a una demora que, según los brigadistas, costó miles de hectáreas. “Subejecutar una partida no es ahorro fiscal, es ser un mal funcionario”, disparó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, marcando una grieta con la estrategia de déficit cero del gobierno nacional.
En este marco trágico, legisladores opositores (como Natalia Zaracho y Maxi Ferraro) y buena parte de la ciudadanía cuestionaron la agenda del Presidente. Especialmente por la participación de Milei en eventos artísticos y políticos en Mar del Plata. La frase “la Patagonia se quema y el Presidente está de joda” se volvió viral, alimentando la sensación de una “desconexión total” entre la agenda de la Casa Rosada y la tragedia ambiental en el sur.
Además, diversos sectores opositores sostienen que la postura escéptica del Ejecutivo sobre el cambio climático se traduce en una falta de previsión estructural. Señalan que, mientras los informes de riesgo disminuyeron de 2.310 a 1.850 para este año, los subsidios a sectores que emiten gases de efecto invernadero han aumentado, profundizando el círculo vicioso de sequías y fuegos explosivos.
Crónicas locales reportan que la situación humana en la línea de fuego es de agotamiento absoluto. Los brigadistas denuncian jornadas de más de 20 días sin descanso, enfrentando no solo el calor de las llamas sino también la precariedad laboral. “Estamos cansados y el viento anula en minutos el trabajo de horas”, relató un bombero en Chubut. Existe un reclamo latente por salarios dignos y equipamiento técnico (mochilas, motobombas y equipos de comunicación) que, según los voluntarios, suele llegar tarde.
La población local, por su parte, oscila entre la solidaridad y la indignación. Mientras las comunidades se organizan para armar viandas y recaudar fondos para los damnificados, crece el malestar por la falta de políticas de prevención a largo plazo. “Cada verano vivimos con miedo”, repiten los vecinos de El Bolsón y Lago Puelo. La destrucción de infraestructura eléctrica ha dejado a varias localidades sin luz durante días, sumando angustia a una región cuya economía turística y productiva está hoy, literalmente, hecha cenizas.
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